Andrés CARRERA PINEDA
Durante la inauguración del Foro Nacional sobre la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF) Avances y Coyunturas, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca (TSJO), Juan Carlos Díaz Carranza expuso sobre los retos que enfrenta el sistema de justicia para su aplicación, pero confió en que se pueda llegar al 2027 en condiciones de operarlo.
En presencia de la presidenta del Tribunal, Erika Rodríguez, del gobernador Salomón Jara Cruz, autoridades municipales, estatales, federales, académicos, magistrados y magistradas, Díaz Carranza señaló que existen tres principales desafíos para que Oaxaca llegue a la meta con la implementación del CNPCyF.
“El primero, si bien hay un camino recorrido en el terreno de la capacitación respecto a otros rubros como infraestructura, conectividad y sistema computacional, así como las diversas directrices que nos ha delineado el COCIFAM), el panorama no nos favorece”.
Expuso que como segundo desafío fue la reforma constitucional que trajo consigo la elección judicial “que terminó por distraernos de lo sustantivo para insertar como única prioridad la suerte que depara el destino electoral, con una coyuntura alarmante para capacitar dentro del poder judicial cuando se atraviesa un proceso electoral del que todos seremos parte, en el que la estabilidad laboral de las y los juzgadores no está garantizada, desprendiéndose de este problema, uno aún mayor, la posibilidad de encontrarnos con juzgadores sin experiencia”.
“Y tercero, la falta de presupuesto que se agrava con el escaso tiempo. Aunque existen voces que pugnan por aplazarlo, la realidad al día de hoy es que estamos a escasos 12 meses de su forzosa aplicación y los recursos son la piedra angular de la exitosa implementación que va a mejorar sustantivamente la justicia cotidiana”,
El presidente de la Comisión para la implementación del CNPCyF, destacó que a pesar de las adversidades “nuestro compromiso y empeño es que con o sin aplazamiento debemos llegar al 2027 en condiciones de operarlo.”.
“Estoy convencido de que no hay mejor capacitación que poniéndolo en práctica, porque hay que tener presente que se trata del tercer ordenamiento jurídico más importante después de la constitución política y de la ley de amparo. Y cómo no serlo, si de acuerdo con cifras del propio INEGI, más del 76% de las sentencias que se dictan al año son de la materia civil y familiar”, apuntó Díaz Carranza.
