El especialista en derechos humanos y ejecución penal, Miguel Sarre, impartió una conferencia magistral en la sede del Poder Judicial del Estado
El Poder Judicial del Estado llevó a cabo la conferencia magistral “Ley Nacional de Ejecución Penal a diez años: logros, desafíos y oportunidades para una justicia efectiva en Oaxaca”, impartida por el especialista, Miguel Sarre Iguínez, reconocido por su labor a nivel nacional e internacional y contribución al fortalecimiento de los mecanismos de protección de los derechos de las personas privadas de la libertad.
El evento contó con la presencia de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Erika María Rodríguez Rodríguez; de la defensora de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Elizabeth Lara Rodríguez; el director de la Defensoría Pública del Estado, Marcelo Merino García; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputada Eva Diego Cruz y el coordinador de Empoderamiento Jurídico de Documenta A.C., Juan Morey.
Al dar la bienvenida, la titular del Poder Judicial del Estado enfatizó en la importancia de las alianzas estratégicas y redes de colaboración con organizaciones de la sociedad civil, como Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, con la cual se promueven espacios de formación, reflexión y fortalecimiento institucional en materia de ejecución penal, orientados a garantizar una justicia más humana, incluyente y respetuosa de los derechos de las personas.
En sus intervenciones, representantes de diferentes instancias coincidieron que la Ley Nacional de Ejecución Penal representó un cambio trascendental y pese a los avances alcanzados en la última década, persisten desafíos relacionados con el acceso a la justicia, la difusión de los derechos de las personas usuarias del sistema, la eliminación de barreras institucionales y la consolidación de políticas públicas que garanticen condiciones dignas durante el cumplimiento de las penas.
Durante su ponencia, el doctor Miguel Sarre destacó que la Ley Nacional de Ejecución Penal significó una transformación profunda al colocar al Poder Judicial como garante de los derechos de las personas privadas de la libertad y fortalecer el control judicial sobre la ejecución de las penas.
Asimismo, llamó a continuar impulsando mecanismos que consoliden una justicia penitenciaria basada en el respeto a la dignidad humana, la reinserción social y el Estado de Derecho.
