- La medida tiene como fin proteger a las comunidades, preservar los recursos naturales y garantizar un desarrollo justo, seguro y sustentable para la ciudadanía
San Raymundo Jalpan, Oax., a 18 de junio de 2026.- Con la finalidad de sumar en las acciones para erradicar la explotación clandestina de los recursos naturales en la entidad, la diputada María Francisca Antonio Santiago, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una proposición con Punto de Acuerdo para frenar la extracción ilegal de materiales pétreos en los ríos de Oaxaca y garantizar el derecho de las comunidades a un entorno seguro.
Por ello, la iniciativa presentada ante la Diputación Permanente plantea exhortar formalmente a las personas titulares del Organismo de Cuenca Pacífico Sur de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Oaxaca, así como a los 570 Ayuntamientos del Estado, para que implementen acciones de vigilancia en los ríos de la entidad, y que concienticen a la población para denunciar esta práctica que afecta gravemente al equilibrio ecológico.
Al respecto, la legisladora expuso que esta problemática trasciende el ámbito ambiental o administrativo, convirtiéndose en un riesgo social latente que afecta de manera directa la seguridad, la economía local y la cohesión de las poblaciones vulnerables.
El documento técnico advierte que el saqueo descontrolado de arena y grava altera el equilibrio ecológico, modificando los cauces naturales. Esto incrementa la probabilidad de inundaciones y deslaves, provoca la pérdida de tierras agrícolas y destruye infraestructura pública como caminos y puentes, lo que incomunica a las familias y dificulta su acceso a escuelas, centros de salud y mercados.
Como antecedente de la situación, Antonio Santiago refirió las acciones de la Profepa en la región de la Costa, donde se ejecutó la clausura de un banco de materiales de 14 mil metros cuadrados en el cauce del río Colotepec, en el municipio de Santa María Colotepec, tras detectarse el uso de maquinaria pesada sin la autorización de impacto ambiental correspondiente por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La propuesta busca que las autoridades federales y municipales ejerzan a cabalidad sus facultades de inspección y sanción, establecidas en la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico, para terminar con los vacíos de autoridad y salvaguardar el patrimonio colectivo de los bienes comunes.
La propuesta con Punto de Acuerdo quedó reservada para el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal.
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