Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, 3 de septiembre de 2026. Más de cien representantes de comités de agua, autoridades comunitarias, defensores y académicos de más de 30 comunidades oaxaqueñas participaron en el Foro Reconocimiento de los Comités del Agua y la Gestión Comunitaria, convocado por el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A. C. en coordinación con Servicios del Pueblo Mixe y organizaciones que forman parte de la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía Oaxaca (ALDEA Oaxaca).
Beatriz Salinas Avilés, directora del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, planteó la necesidad de reflexionar sobre los retos que enfrentan los comités de agua frente a los marcos normativos que plantean su reconocimiento. Recalcó que, aunque los comités han garantizado históricamente el derecho humano al agua, actualmente trabajan sin recursos suficientes y enfrentan amenazas de agentes estatales y, en muchas ocasiones, intereses empresariales.
La labor de estos comités, expuso, va más allá de operar tuberías: protegen bosques y cuerpos de agua, sanean, recargan acuíferos, distribuyen el líquido y organizan el trabajo colectivo sin fines de lucro. Fortalecerlos jurídica y financieramente, subrayó, es reconocer su aportación al bien común.
Por su parte, Sofía Robles Hernández, representante de SER Mixe, señaló que el diálogo ha guiado siempre a las comunidades de Oaxaca en los temas más relevantes, entre ellos el cuidado y respeto a la naturaleza, al territorio y al agua.
Ricardo Ovando, miembro de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua e integrante del sistema comunitario de agua de la cabecera municipal de Tecámac, Estado de México, explicó que los sistemas comunitarios de agua están extendidos por todo el país.
El Programa Nacional Hídrico ha reconocido más de 28 mil sistemas, aunque otras estimaciones calculan que podrían superar los 80 mil. Su demanda es no quedar sometidos a los ayuntamientos, sino ser reconocidos como autoridades comunitarias del agua y actuar en corresponsabilidad con el Estado.
Ovando destacó las concesiones comunitarias indígenas obtenidas en 2022 por comunidades de los Valles Centrales, después de 17 años de organización y lucha, las cuales permiten usar, cuidar y administrar el agua subterránea mediante las asambleas y son un antecedente para extender el reconocimiento a las demás regiones de Oaxaca.
Diana Avilés Quezada, defensora e investigadora comunitaria, presentó la experiencia de Huitzila, municipio de Tizayuca, Hidalgo, cuyo sistema abastece a más de dos mil familias, de las cuales nueve de cada diez respaldan la administración y siete de cada diez cumplen con el pago de su cuota.
Los datos cuestionan la supuesta ineficiencia de los comités y muestran su legitimidad, construida mediante décadas de trabajo, memoria y defensa territorial.
Avilés advirtió que la falta de personalidad jurídica expone a los comités a la municipalización, a decisiones sin consentimiento y a tarifas eléctricas que los tratan como empresas. “Una buena ley no debe obligar a elegir entre autonomía o apoyo estatal”, afirmó. El Estado debe brindar asistencia técnica, recursos y energía accesible sin apropiarse de la infraestructura ni de la capacidad comunitaria de decidir.
Fernando Ramos Morales, profesor investigador de la Universidad de la Sierra Juárez, describió la gestión del agua en la Sierra Norte de Oaxaca. Los comités son elegidos por las asambleas y se sostienen con cargos, cuotas y tequios.
En algunas comunidades las familias pagan entre 10 y 20 pesos mensuales porque también aportan trabajo para conducir, vigilar y distribuir el agua. La crisis climática agrava esta tarea: manantiales agotados, conducciones de hasta 12 kilómetros y racionamientos por barrios son cada vez más frecuentes. El bosque, los animales, los suelos y las personas, señaló, forman una comunidad que necesita agua.
Paulina López Niño de Rivera, abogada de Flor y Canto A. C. y moderadora del diálogo, llamó a aprovechar estas experiencias para pensar en su posible reconocimiento en la legislación de Oaxaca.
Algunos de los retos identificados durante las mesas de trabajo incluyen proteger su personalidad y patrimonio; proteger las fuentes de agua que les abastecen, garantizar el respeto a las decisiones de las asambleas y detener los abusos e intromisiones de Conagua; reconocer la participación de las mujeres; impulsar el relevo generacional, y asegurar recursos con pleno respeto a su autonomía.
